Por: Leticia Martínez
Hernández 1/06/2015
Fuente: Granma
El General
del Ejército Raúl Castro Ruz reiteró el pasado viernes, durante la
reunión del Consejo de Ministros, el llamado a discutir con profundidad
cada medida y a analizar todo lo que se ha hecho hasta ahora, para determinar
los pequeños errores cometidos y corregirlos.
Son seres
humanos los que elaboran las propuestas, los que las aprobamos, los que
dirigimos el país, dijo. “No siempre se tiene la experiencia en estas tareas,
por eso lo que hagamos debe estar sometido constantemente a la crítica
constructiva”.
Así lo
consideró el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros al valorarse
en el cónclave el funcionamiento de las cooperativas no agropecuarias, luego de
un año y siete meses de su puesta en práctica en toda la Isla. “Las
cooperativas tienen un carácter experimental y aunque se avanza en su
aplicación, no tenemos por qué acelerar el paso, tenemos que cogerle el ritmo a
los acontecimientos”.
Destacó que
“todos los cuadros y funcionarios a cada nivel, desde San Antonio a Maisí,
tienen que hacer un análisis crítico del cumplimiento de las tareas, dar su
opinión en el lugar adecuado, el momento oportuno y con las formas correctas,
acerca de la aplicación de las decisiones, para rectificar errores antes de
generalizar los experimentos”.
“Estamos en
el deber de calcular las consecuencias de cada paso que damos y de prever”,
expresó.
Estas
opiniones antecedieron al informe sobre la gestión de las cooperativas hasta
finales del 2014, presentado por Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión
Permanente para la Implementación y Desarrollo, en el que se tuvieron en cuenta
aspectos positivos y negativos de su funcionamiento,así como las medidas para
consolidar su papel en la economía cubana.
Se conoció
que hasta el momento se ha autorizado la creación de 498 cooperativas, de las
cuales 347 están funcionando. El 88 % se concentra en tres sectores: Comercio,
Gastronomía, y Servicios Técnicos y Personales (59 %); Construcción (19 %);
e Industria (10 %). Más del 70 % están ubicadas en La Habana, Artemisa y
Matanzas. Actualmente, se evalúan en la citada Comisión otras 205 propuestas.
Señaló Murillo
Jorge que las cooperativas son fuentes de empleo que han incrementado las
ofertas, la calidad de las producciones y los servicios, a la par que han
extendido los horarios. “Además, se ocupan de los segmentos del mercado que no
resultan competitivos para la empresa estatal”.
Estimó que
tienen buenos resultados productivos, económicos y financieros, además se
elevan los niveles de ingreso por concepto de utilidades de los socios.
Durante el
pasado año, 268 cooperativas aportaron, al cierre de noviembre, 87 millones 727
000 pesos, por concepto de impuestos sobre las ventas y utilidades, así como la
contribución a la Seguridad Social. Según valoraciones de la Oficina Nacional
de Administración Tributaria prevalece la disciplina tributaria en estas nuevas
formas de gestión.
Al señalar
los aspectos negativos que han lastrado el buen hacer de estas formas de gestión,
apuntó que “no todos han comprendido correctamente el carácter experimental del
proceso, ni la prioridad para aplicarlo en sectores que tienen un alto impacto
en el desarrollo de los territorios”.
Consideró
que el procedimiento para constituir las cooperativas ha incorporado una carga
burocrática que genera dispersión y demoras. “El comienzo de las operaciones ha
sido lento, motivado fundamentalmente por la selección de los locales, su
legalización en los Registros de la Propiedad y la creación de las condiciones
para su funcionamiento; el proceso de negociación entre cooperativas e
instancias aprobatorias; y los trámites legales ante notarios e instituciones
bancarias”.
Durante el
periodo han surgido dificultades en el acceso a los suministros; por otro lado,
“ha existido una tendencia al incremento de los precios de productos y
servicios que se ofertan en las cooperativas, sobre todo en los mercados
agropecuarios y en la actividad de gastronomía”.
En
consecuencia, los miembros del Consejo de Ministros aprobaron varias
propuestas dirigidas a fortalecer y mejorar el trabajo de estas formas de
gestión. En primera instancia, decidieron extender el experimento de las
cooperativas de primer grado en sectores no agropecuarios, bajo el principio
ratificado por el General de Ejército de “no masificar la creación de
cooperativas, la prioridad deberá ser consolidar las que existen e ir avanzando
de forma gradual, pues de lo contrario estaríamos generalizando los problemas
que se presentan”.
Se supo que
se tomarán un grupo de medidas como la ampliación a un año del tiempo máximo
para contratar a trabajadores asalariados (ahora es de tres meses), los cuales
no podrán sobrepasar el 10 % de la cantidad de socios; y se establecerá como
periodo de bonificación de impuesto los primeros seis meses después de la
inscripción en el registro de contribuyentes (hoy es de tres).
Se le dio
luz verde, también, a la elaboración de una propuesta sobre cómo se insertarán
las cooperativas en el proceso de elaboración del Plan de la Economía y el
Presupuesto del Estado.
Asimismo, se trabaja en la confección de un programa de
preparación acerca de los principios de funcionamiento de las cooperativas, con
prioridad para sus directivos, donde se aborden temas como la gestión de
negocios, el sistema de contabilidad y la organización del sistema de control
interno.
Para
materializar las propuestas aprobadas el pasado viernes, deberán modificarse el
Decreto Ley 305 y el Decreto 309, que rigen el funcionamiento de
las cooperativas no agropecuarias.
SOBRE FORMAS Y SISTEMAS DE PAGO
A Murillo
Jorge correspondió presentar además los resultados de la aplicación de la Resolución
17, emitida en el 2014 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
sobre formas y sistemas de pago, que ha contribuido a potenciar la empresa
estatal socialista como forma principal de la economía cubana.
Acerca de su
implementación, señaló que al concluir el año 2014 “la productividad por
trabajador alcanzó 22 852 pesos, 18 % superior a lo previsto; el salario medio
mensual fue de 600 pesos, 11 % también por encima de lo planificado; y el pago
por resultado promedio mensual fue de 179 pesos, que representa el 30 % del
salario medio”.
Destacó el
impacto positivo de la puesta en práctica de esta política y el hecho de que “se
aprecia una mayor atención por parte de directivos y trabajadores a la
eficiencia y el cumplimiento del Plan, al tiempo que se incrementan los
ingresos provenientes del trabajo”.
No obstante,
expresó que transcurridos siete meses de su implantación se identificaron
varios problemas, entre ellos, “el incumplimiento del indicador límite gasto de
salario por peso de valor agregado bruto, por lo que se han realizado pagos sin
respaldo productivo en 238 empresas, por un monto de 347 millones de pesos”, que
se concentra en un 69 % en el Ministerio de la Agricultura, el Grupo Azucarero
y el sistema empresarial atendido por los Consejos de la Administración.
Aun cuando
se manifiesta una tendencia a la disminución de este comportamiento en los
últimos años, el Vicepresidente del Consejo de Ministros alertó sobre las
consecuencias del hecho y convocó a un análisis más profundo del tema.
En la
reunión, quedó ratificado como índice máximo para vincular el salario a los
resultados en el sistema empresarial el gasto de salario por peso de valor
agregado bruto. De la misma forma se mantienen los indicadores directivos
aprobados en la emisión del plan 2015, como el encargo estatal, las ventas
netas totales, la utilidad del periodo antes de impuestos, las ventas por exportación,
entre otros.
Se confirmó,
igualmente, la facultad para aprobar las formas y sistemas de pago a los
presidentes de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE),
los directores de las empresas atendidas directamente por un órgano, organismo
o entidad nacional, y los directores de las empresas que aplican el
Perfeccionamiento Empresarial.
POR UN SISTEMA BANCARIO MÁS EFICIENTE
La agenda de
la reunión incluyó la aprobación del perfeccionamiento del Sistema Bancario
Nacional, cuya puesta en marcha, precisó Leonardo Andollo Valdés, segundo
jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, “permitirá
que el país cuente con un sistema más eficiente y capaz de responder al nuevo
modelo de gestión económica”.
Esta
reestructuración transitará por un proceso de desarrollo paulatino y ordenado,
de separación de funciones estatales y empresariales, con un marco jurídico
actualizado, explicó.
A su vez, se
estimulará la creación de productos y servicios bancarios y financieros, en
función de las necesidades de la economía, lo cual se prevé ocurra en dos
fases, que deberán coincidir con el proceso de unificación monetaria.
De tal
manera,“se destinará el financiamiento a sectores priorizados, según la Política
Crediticia aprobada, para apoyar el proceso de inversión, así como estimular el
comercio exterior y el mercado interno”.
El
perfeccionamiento también pretende “organizar la prestación del servicio
bancario en cada territorio, en función de las demandas de los diferentes actores
que se desenvuelven en la economía, para lo cual se realizarán estudios de los
procesos organizativos de las oficinas bancarias, los horarios de atención al
público y las necesidades de capacitación del personal”.
Entre otros
aspectos, se anunció que se incrementará el acceso de las personas al crédito
para dar soporte al crecimiento económico; se elevará el número de sucursales y
cajeros automáticos en todo el país; y se mejorará el alcance de la
infraestructura bancaria, adecuándola a las necesidades de la mayor parte de la
población.
Andollo
Valdés informó que “se desarrollará un sistema de pago automatizado, seguro y
eficiente, sustentado en leyes, regulaciones y procedimientos, que rijan los
mecanismos para el procesamiento de los pagos”.
El sistema
bancario y financiero, concluyó, apoyará el proceso de perfeccionamiento del
sector empresarial y el fortalecimiento del marco institucional del país.
INSCRIPCIÓN DE INMUEBLES
Como se ha
hecho frecuente en las reuniones de la máxima instancia del gobierno cubano,
este viernes también fue analizado el cumplimiento del cronograma de
inscripción de inmuebles estatales en el Registro de la Propiedad, asunto de
vital importancia para la institucionalidad de la nación.
El
viceministro primero de Justicia, Urbano Pedraza Linares, dio a conocer
que en los últimos cuatro años se han inscrito 300 011 inmuebles y, aun cuando
se sobrecumple en lo planificado para ese periodo, restan 9 059 por registrar.
Pedraza
Linares señaló entre las causas que determinaron que al concluir el 2014 queden
inmuebles por registrar: “la deficiente elaboración del levantamiento inicial;
la demora en el completamiento de los Registros de la Propiedad en La Habana;
así como el insuficiente control a esta tarea en los años 2010, 2011 y 2012”.
Consideró
que resulta necesario mantener actualizada la inscripción en los registros de
los traspasos y transmisiones, antes de ser arrendados, a otras formas de
gestión, y los cambios de uso de inmuebles estatales asignados a cada órgano,
organismo o entidad nacional.
En la
reunión se aprobó otorgar un plazo final hasta diciembre para concluir el
proceso de inscripción de inmuebles estatales, con excepción de la capital, que
por su complejidad se evaluará extender más el tiempo para finalizar esta
labor.
CON LA CORRUPCIÓN SIEMPRE EN LA MIRILLA
La
contralora general de la República, Gladys Bejerano Portela, dio a
conocer a los miembros del Consejo de Ministros la situación de las
indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción administrativa detectadas
durante el pasado año, cuyo enfrentamiento constituye prioridad para el Estado
cubano y en el que aún no se alcanzan los resultados esperados.
Según la
información ofrecida, la mitad de los hechos identificados en el 2014 están
vinculados al comercio, la gastronomía y al sector agroalimentario. La
situación más compleja está en La Habana, Holguín y Santiago de Cuba.
El principal
móvil, comentó la Contralora, continúa siendo el desvío de recursos para la
venta ilícita y el enriquecimiento indebido. Las actividades con más
afectaciones se concentran en inventarios, contratación, facturación,
combustible, entrega y uso de la tierra, normas de consumo y mermas.
Entre los
modos de operar, señaló la falsificación de documentos, transferencias
ficticias y apropiación del efectivo no despositado en los bancos, fraudes en
nóminas e introducción ilegal de mercancías. Refirió, también, la realización
de pagos indebidos por servicios que no se pactaron o no se realizaron, así
como el favorecimiento a proveedores.
Consideró
Bejerano Portela que “existe falta de rigor en los análisis que realizan las
administraciones sobre las causas y condiciones que propician estos hechos y,
en consecuencia, no se logran implementar sistemas de trabajo que permitan tener
contrapartidas efectivas”.
Hizo énfasis
la Contralora en que “resulta necesario reflexionar sobre la producción y
comercialización de productos de dudosa procedencia en las formas no estatales
de gestión, e incluso, en no pocos casos, por ilegales”. Mencionó la
generalización de puntos de venta de ropa, herrajes, muebles, electrodomésticos
y alimentos, donde se expenden productos importados o elaborados en la
industria nacional.
Con las
ilegalidades y el robo, puntualizó, se desvirtúa la esencia del trabajo por
cuenta propia como fuente de empleo y forma de gestión que complementa los
esfuerzos del Estado para satisfacer las necesidades de la población.
Valoró que
“no todos los cuadros y dirigentes, en la base y en niveles intermedios, han
interiorizado su responsabilidad en la implementación de sistemas de control
interno que permitan la detección y el enfrentamiento oportuno de las
manifestaciones de ilegalidad”.
“Resulta
esencial trazar estrategias integradas y acciones sistemáticas para cambiar la percepción
y la actuación de las administraciones ante estos problemas; fomentar la
repulsa social; y lograr más efectividad en la prevención, con la participación
de los colectivos de dirección y los trabajadores”.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO
Como último
punto de la agenda, Samuel Rodiles Planas, presidente del Instituto
de Planificación Física, abordó el enfrentamiento a las ilegalidades del
ordenamiento territorial y urbanístico, con el cual, apuntó Raúl, “se ha
empezado una batalla importante, en la que aún falta combatividad y en la que
tiene que quedar claro que la idea no es prohibir las construcciones, sino
indicar dónde pueden hacerse”.
En el 2014
se avanzó en la erradicación de dichas ilegalidades, “de enero a noviembre se
eliminaron 57 818 violaciones, 12 835 más que en el 2013, la mayor cifra de los
últimos cuatro años”. Vale destacar que en estos números se incluyen desde las
ilegalidades más sencillas hasta las de mayor complejidad.
De manera
general, los Consejos de la Administración Provincial con más ilegalidades
resueltas son Villa Clara, Pinar del Río, Holguín y La Habana; en tanto, los
más bajos resultados se muestran en Mayabeque y Santiago de Cuba.
Consideró
Rodiles Planas que aunque se ha realizado una ardua labor, es insuficiente el
avance en el cumplimiento de esta tarea por “la falta de actuación conjunta de
los gobiernos y las entidades que no son de su subordinación; las
incomprensiones en la base sobre la responsabilidad de cada entidad en eliminar
las ilegalidades y establecer el orden en los inmuebles, terrenos, espacios o
franjas por las que responden jurídicamente; y el insuficiente trabajo para
incorporar a la población a esta batalla”.
Para el 2015
se ha reportado un inventario inicial de 152 485 ilegalidades del ordenamiento
territorial y urbanístico en todo el país y se planifica erradicar el 34 % de
ellas, para lo cual, expresó Rodiles Planas, “están previstos los recursos
necesarios en los planes económicos”.
Durante la
reunión del Consejo de Ministros, el Presidente cubano pidió al titular de
Salud Pública, Roberto Morales Ojeda, que ofreciera una información sobre la
situación que se ha presentado en el país con el déficit temporal de un
conjunto de medicamentos, incluyendo algunos para tratamiento oncológico.
Morales Ojeda precisó que esta situación obedece a retrasos en la importación de materias primas y a la necesidad de paralizar, por irregularidades en el proceso productivo, la planta que se dedica a esa vital línea de tratamiento. El ministro precisó que se aprobó un programa que incluye la utilización de productos que se encuentran en la reserva y la compra de medicamentos en países de nuestra región que permita una trasportación rápida hacia Cuba, así como solucionar, en un periodo de hasta cuatro meses, los problemas de la planta paralizada. A más largo plazo se prepara el montaje de una nueva fábrica de medicamentos para tratar el cáncer. Con el fin de lograr la cobertura en los próximos meses, el Gobierno aprobó el financiamiento requerido. De manera paralela, el Grupo Empresarial Biocubafarma adopta medidas para tener una mejor situación en el segundo semestre del año. |
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