Un 3 de febrero, hace 50 años, el entonces presidente estadounidense, John F. Kennedy, firmó la proclama 3447, con la cual formalizó el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba; una política fracasada luego de cinco décadas.
La medida hizo
más visible la política de hostigamiento que Estados Unidos llevaba a la
práctica el triunfo mismo de la
Revolución, el 1 de enero de 1959.
La excusa inicial
fue las expropiaciones que las flamantes autoridades isleñas dispusieron sobre
bienes y empresas estadounidenses.
Nueve
administraciones, republicanas y demócratas, mantuvieron y hasta agudizaron la
medida, que Washington se empeña en llamar “embargo” y limitar a una cuestión
bilateral.
Desde la ruptura
unilateral de las relaciones, el 3 enero de 1961, la política de enfrentamiento
de las autoridades estadounidenses había tenido su punto más alto en abril de
ese mismo año, con el frustrado intento de invasión con el desembarco en Playa
Girón.
El bloqueo generó
ya un daño económico que las autoridades de la isla estiman en 975 mil millones
de dólares, si se tiene en cuenta la depreciación del dólar frente al oro.
Entre Playa Girón
y la oficialización del bloqueo, Washington logró con presiones y chantajes, el
31 de enero de 1962, la exclusión de Cuba de la OEA, durante la 8va. Reunión de Consulta del
organismo, realizada en la uruguaya Punta del Este.
Esa exclusión
buscó ser reparada en el 2009 en San Pedro Sula, Honduras, donde se dejó sin
efecto la resolución de 1962 con la idea de “reparar una injusticia histórica”
y propiciar “una reivindicación al pueblo de Cuba y a los pueblos de América”.
La Habana, con todo, comunicó que no volvería al organismo, a
la que consideró “una organización con un papel y una trayectoria que repudia”.
Pero esta historia es demasiado reciente.
En 1962, apenas
un día después de dispuesto el bloqueo, el 4 de febrero, más de un millón de
personas la mayor concurrencia pública efectuada en la Cuba hasta ese momento,
vitoreó y aplaudió el célebre documento titulado Segunda Declaración de La Habana.
La Declaración denunciaba no solo la maniobra agresiva contra Cuba
y el grado de dependencia de otros países latinoamericanos, sino también “la
esencia de la dominación estadounidense y la explotación y miseria de millones
de hijos de Nuestra América”.
La proclama 3447
formalizaba una decisión que, en los hechos, regía ya al menos desde el 4 de
septiembre de 1961, cuando el Congreso autorizó el cese de todo comercio con la
isla.
Varios años
después de establecido el bloqueo y pese a las sucesivas votaciones en la ONU en contra de la medida,
Estados Unidos endureció las medidas con la llamada Ley Torricelli -promulgada
en 1992 por George Bush, que cercenó el comercio de medicinas y alimentos
cubanos con las subsidiarias de compañías estadounidenses con base en terceros
países.
Unos años
después, en 1996, la presidencia de William Clinton agudizó el bloqueo al poner en vigor la Ley Helms-Burton,
que establecía que empresas no estadounidenses podían ser sometidas a
represalias legales y sus representantes impedido de entrar a EEUU si
comerciaban con Cuba.
Desde hace 20
años, la Asamblea
General de la
ONU vota en forma consecutiva una condena al bloqueo. De
aquella primera votación en 1992, que terminó con 59 votos a favor de la
condena, 3 en contra y 71 abstenciones, se llegó a la del año pasado, cuando
los números fueron, respectivamente, 186, 2 y 3.
Los dos votos en
contra fueron los de Estados Unidos e Israel y las abstenciones de Islas
Marshall, Micronesia y Palau, lo que, parece claro, habla del repudio que
genera en el mundo la sanción de estas características más extensa en la
historia moderna.
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