Por.
Ricardo Alarcón de Quesada
3 de septiembre de 2012
3 de septiembre de 2012
El Gobierno de Estados Unidos incurrió en flagrante
violación de la
Constitución y las leyes para asegurar las injustas condenas
a los Cinco patriotas cubanos que pronto cumplirán 14 años de castigo
arbitrario e ilegal. No fue un hecho aislado sino un empeño sistemático que
abarcó todo el tiempo del proceso contra los Cinco y en el que invirtió muchos
millones de dinero público. Acerca de su duración, las personas involucradas,
el volumen de recursos utilizados y otros aspectos importantes de esta operación
sólo se tiene una información muy parcial.
Comoquiera que esa conducta obligaría a las
autoridades - tanto a los tribunales como al Ejecutivo - a disponer la
inmediata liberación de nuestros compañeros, Washington ha conspirado también
para ocultar lo que hizo, incurriendo en un delito adicional, el del
encubrimiento.
Tal es la esencia del Afidávit (Declaración
Jurada) que Martin Garbus, abogado de Gerardo Hernández Nordelo, acaba de
presentar a Joan Lenard, jueza del Distrito Sur de la Florida. Es un texto
que respalda su solicitud anterior en la que demandó la anulación de la condena
de Gerardo o, como alternativa, que la jueza ordene el descubrimiento de todas
las pruebas que el gobierno esconde y le conceda una audiencia oral.
Aunque hay muchas otras violaciones referidas en el
proceso de apelación – ahora en su última, extraordinaria, etapa – este
documento se concentra en la conjura del Gobierno con los medios locales de
Miami para sancionar de antemano a los acusados y hacer imposible un juicio
justo.
La sustancia de esa conspiración consistió en usar
esos medios para desatar una campaña propagandística de odio y hostilidad sin
precedentes. Emplearon para ello a un numeroso grupo de “periodistas”- en
realidad agentes encubiertos del Gobierno- que publicaron artículos y
comentarios repetidos día y noche hasta producir un auténtico vendaval
desinformativo. Entre el 27 de noviembre de 2000 – día en que empezó el juicio
– y el 8 de junio de 2001 – cuando fueron declarados culpables – sólo en The
Miami Herald y El Nuevo Herald aparecieron 1111 artículos, un
promedio de más de 5 por día. Algo semejante ocurrió con el Diario de Las
Américas saturando completamente la prensa escrita.
Los “periodistas” cobraban de Radio y TV Martí, o
sea, del presupuesto federal norteamericano. Dichos individuos hacían trabajos
adicionales en esos dos medios y los diseminaban en el área de Miami donde
ambas señales anticubanas tenían entonces y tienen todavía hoy difusión
directa, por sí mismas, y son reproducidas además a través de medios locales
(esta es otra violación de la ley norteamericana que prohíbe la propaganda
oficial dentro del territorio estadounidense).
No se trata solamente de Radio y TV Martí y de los diarios
impresos. Los llamados “periodistas” actuaron también en emisoras locales de
radio y televisión, en español y en inglés, y usaron otras publicaciones,
algunas gratuitas, que allá circulan.
Era imposible escapar a esa incesante propaganda en
ningún rincón del sur de la
Florida.
Pero la acción delictiva de los “periodistas”-y del
gobierno que les pagaba- fue más allá de la propaganda. Durante el juicio la
defensa denunció varias veces que buscaban influir sobre los miembros del
jurado divulgando incluso materiales que la propia jueza había prohibido
presentar, los cuales, obviamente, sólo pudo entregarles la Fiscalía.
Como si fuera poco, los “periodistas” se dedicaron,
asimismo, a hostigar a los testigos y a los jurados. Éstos últimos se quejaron
a la Jueza
alegando que sentían temor, que eran perseguidos con cámaras y micrófonos, algo
reconocido, varias veces, por la señora Lenard, quien pidió al gobierno,
evidentemente sin éxito, la ayudase a evitar situaciones que manchaban la
imagen del sistema judicial norteamericano. (Por ejemplo, Transcripción Oficial
del juicio, páginas 22, 23, 111, 112, 625, 14644-14646).
En agosto de 2005 los tres jueces de la Corte de Apelaciones
decidieron unánimemente declarar nulo el juicio de Miami porque se había
realizado bajo lo que ellos describieron como “una tormenta perfecta de
prejuicios y hostilidad” creada precisamente por los medios locales. Cuando
dictaron el histórico fallo los tres jueces no sabían, no podían saberlo ellos
ni nadie, que el responsable de esa “tormenta perfecta” era la Fiscalía que prevaricó
abiertamente incumpliendo su obligación constitucional de preservar la
legalidad y garantizar un juicio justo.
La primera noticia de la conspiración del Gobierno
con sus “periodistas” pagados surgió un año después, en septiembre de
2006.Desde entonces el Gobierno ha resistido los esfuerzos de organizaciones de
la sociedad civil norteamericana para que muestre el alcance de esos pagos y
sus contratos en conformidad con la
Ley de Libertad de Información (FOIA). La Fiscalía también se ha
opuesto a la demanda incluida en las apelaciones extraordinarias de nuestros
compatriotas y ha amenazado con recurrir a los “privilegios ejecutivos” y a
razones de seguridad nacional para perpetuar el ocultamiento.
EL caso de los Cinco tiene una extraña relación con
la prensa y la profesión periodística. En Miami los medios fueron un
instrumento decisivo para condenarlos. Fuera de Miami los castigan con el
silencio.
La irrefutable denuncia de Martin Garbus plantea un
reto a los profesionales del periodismo. ¿La ocultarán otra vez haciéndose así
cómplices de quienes mancillaron su noble oficio? ¿O tratarán de salvar la
honra de su profesión reclamando que los farsantes sean desenmascarados y que
la verdad y la justicia prevalezcan?
No hay comentarios:
Publicar un comentario